El estallido en la frontera con Ecuador pone bajo la lupa el dominio de la CNEB en la región.

Un estallido en un laboratorio clandestino de procesamiento de estupefacientes dejó un saldo de nueve fallecidos y ocho heridos de gravedad en el Pacífico colombiano. El siniestro ocurrió en territorio de la comunidad indígena Awá, a 60 kilómetros de Tumaco, tras la deflagración de un cilindro de gas utilizado en la refinación de cocaína.

Este evento subraya la peligrosidad de la infraestructura ilegal en Nariño, una zona estratégica para el tráfico transnacional y bastión de grupos armados que operan bajo condiciones de extrema precariedad técnica.

El grupo ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de las FARC que actualmente mantiene diálogos con el gobierno, admitió en un comunicado que el incendio se originó por errores humanos en la manipulación de gases inflamables.

Los sobrevivientes del estallido presentan quemaduras severas y están bajo observación médica, mientras las autoridades regionales, encabezadas por el secretario de gobierno Fredy Andrés Gámez, insistieron en que, a pesar de la ilegalidad de la actividad, se debe priorizar el respeto a la vida y los derechos humanos de los afectados.

Conflicto diplomático y agenda internacional

La tragedia ha profundizado la crisis política entre Colombia y Ecuador, luego de que el presidente Daniel Noboa impusiera un arancel del 30% a productos colombianos acusando a Bogotá de inacción frente al narcotráfico fronterizo; medida que fue replicada por el mandatario Gustavo Petro.

En medio de este aislamiento comercial, Petro cuestionó la existencia de laboratorios en zonas declaradas de paz y anunció una reunión estratégica con Donald Trump en Washington para el próximo 3 de febrero, con el fin de coordinar esfuerzos conjuntos contra las estructuras criminales que cuentan con el respaldo de carteles mexicanos en la región.