El Tribunal Supremo de Brasil ha otorgado la prisión domiciliaria por razones humanitarias al exgeneral Augusto Heleno Ribeiro Pereira, condenado por su papel estratégico en el intento de golpe de Estado de 2022, tras confirmarse que padece la enfermedad de Alzheimer.

El magistrado Alexandre de Moraes fundamentó la medida en un informe médico que advierte sobre el deterioro irreversible que el entorno carcelario causaría en la salud neurodegenerativa del exministro, estableciendo estrictas restricciones de movilidad y comunicación para garantizar el cumplimiento de su condena de 21 años fuera del centro penitenciario.

La decisión judicial se sustenta en la protección de los derechos del adulto mayor y la inviabilidad de tratar una patología cognitiva degenerativa en aislamiento carcelario.

Según el parte médico integrado en el fallo, la falta de interacción familiar y estímulos adecuados aceleraría el progreso de la enfermedad en el ex-jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI).

Esta concesión se diferencia de la situación jurídica del expresidente Jair Bolsonaro, a quien el STF ha denegado beneficios similares debido a infracciones previas en las medidas cautelares, como la violación del monitoreo electrónico.

A pesar del traslado a su residencia, Ribeiro Pereira estará sujeto a una vigilancia rigurosa coordinada por el magistrado Moraes. El exmilitar deberá portar una tobillera electrónica de forma permanente, entregar su pasaporte y cancelar sus permisos de armas.

El tribunal ha prohibido taxativamente el uso de redes sociales y cualquier comunicación telefónica, limitando sus visitas exclusivamente a su equipo médico y legal. Cualquier salida del domicilio por motivos de salud deberá ser notificada y autorizada previamente, salvo en situaciones de emergencia médica comprobada.

La Fiscalía General de la República avaló la medida, calificándola como una solución proporcional que no implica impunidad ni una revisión de la culpabilidad del condenado.

Ribeiro Pereira fue hallado culpable de instrumentalizar su cargo gubernamental para deslegitimar el proceso electoral y apoyar la trama que buscaba impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva. El magistrado advirtió que cualquier incumplimiento de las reglas impuestas resultará en la revocación inmediata del beneficio y su retorno a una instalación militar de reclusión.