El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la suspensión inmediata del envío de información de la Fuerza Pública colombiana a Estados Unidos y detuvo el trato con las agencias de seguridad de ese país. Esta decisión fue anunciada por el mandatario y se mantendrá vigente mientras la administración de Donald Trump continúe con los ataques con misiles a embarcaciones en el Caribe.

Petro argumentó que la lucha contra las drogas «debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño», en medio de tensiones bilaterales generadas por los operativos antidrogas estadounidenses en la región, que han sido señalados por la ONU como presuntas violaciones del derecho internacional.

Justificación de la medida presidencial

Petro tomó la medida tras compartir una publicación de la periodista Natasha Bertrand, en la que informaba sobre la suspensión similar del intercambio de inteligencia de Reino Unido con Estados Unidos por no querer ser «cómplice de los ataques militares estadounidenses».

El mandatario colombiano acusa a la administración Trump de una posible violación al derecho internacional por la supuesta desproporción en el uso de la fuerza contra las embarcaciones, calificando los hechos como «ejecuciones extrajudiciales». El presidente cuestionó la inacción de la OEA ante esta presunta violación sistemática de derechos humanos.

La orden presidencial establece que se debe «suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses» a todos los niveles de inteligencia de la Fuerza Pública.

Impacto y reacciones a la suspensión

La decisión genera un contexto de tensión diplomática, ya que los convenios de cooperación en inteligencia han sido históricamente fundamentales para la estrategia antidrogas en el Caribe, el Pacífico y las zonas fronterizas.

Analistas consultados advierten que la suspensión podría afectar los canales de intercambio de información sobre rutas y estructuras criminales transnacionales. El internacionalista César Niño señaló que la medida tiene «implicaciones gravísimas en materia de seguridad nacional colombiana», ya que una parte significativa de las operaciones colombianas dependen de información compartida con potencias extranjeras.

Niño advirtió que fragmentar el flujo de datos deja al país «a tientas», ya que la relación de Colombia con EE. UU. no es de interdependencia como la de Reino Unido, sino que el Estado colombiano «bebe buena parte de la información de potencias extranjeras».

El analista Carlos Andrés Arias consideró que las acciones del Gobierno colombiano «van a deteriorar aún más la relación que hay entre los dos gobernantes», poniendo en juego la relación binacional con el socio económico y político más importante de Colombia.

Por su parte, el abogado Andrés Jiménez, exdelegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, indicó que la decisión podría interpretarse como una «profundización del aislamiento que progresivamente viene haciendo el Gobierno de Colombia en sus relaciones con Estados Unidos».

El experto en derecho internacional Wilfredo Robayo advirtió que no cooperar podría tener consecuencias políticas y económicas «desfavorables para aquel que sea más débil y, en este caso, sin duda es Colombia».

Al ser consultado sobre la medida, el director de la Policía, general William Rincón, se limitó a señalar que estos «no son temas de Policía, sino temas diplomáticos».