El ex-mandatario también deberá pagar una multa de más de 3,400 millones de pesos colombianos y no podrá ejercer cargos públicos durante ocho años.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno. La sentencia, dictada por la jueza Sandra Heredia, incluye una multa de más de 3,400 millones de pesos colombianos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante más de ocho años.

Esta es la primera vez en la historia reciente de Colombia que un ex-mandatario recibe una condena penal en el país, lo que ha generado un intenso debate sobre la judicialización de los líderes políticos. La jueza Heredia calificó los hechos como «graves» y «premeditados», indicando que Uribe actuó con la intención de alterar el curso de la justicia.

El proceso judicial se inició por denuncias de presunta manipulación de testigos y presión a reclusos para que ofrecieran testimonios falsos a su favor en un litigio anterior. La Fiscalía argumentó que estas acciones comprometieron la integridad del sistema judicial. Aunque la defensa de Uribe, quien ha negado las acusaciones, anunció que apelará el fallo, el impacto de la decisión ya se siente en el ámbito político y social del país.