Un análisis contundente de la asociación Cristosal ha puesto el foco en los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, responsabilizándolos por posibles violaciones a los derechos humanos de 252 venezolanos. Estas personas estuvieron detenidas en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), una cárcel salvadoreña inicialmente construida para pandilleros.

Disputa de jurisdicción y la responsabilidad en cuestión

El documento de Cristosal, que incluye una respuesta del Estado salvadoreño al Grupo de Trabajo sobre Personas Desaparecidas de la ONU (aún no divulgada públicamente), revela que El Salvador se desliga de la responsabilidad por la situación de los detenidos. Su argumento es que no realizó detenciones ni transferencias, y que sus acciones se limitaron a un «mecanismo de cooperación bilateral con otro Estado» (en clara alusión a Estados Unidos), facilitando el uso de su infraestructura penitenciaria para custodiar personas bajo la jurisdicción de este otro país.

En resumen, para El Salvador, la responsabilidad de los 252 venezolanos recae exclusivamente en Estados Unidos. Sin embargo, el análisis de Cristosal cita la postura del gobierno del presidente Donald Trump, que ha «asumido y expresado que luego de la deportación de las personas venezolanas y su transferencia a El Salvador, su país carece de jurisdicción sobre ellas».

Ante esta contradicción, Cristosal enfatiza que «tanto El Salvador como Estados Unidos son responsables sobre las víctimas, y deben asumir su responsabilidad en la dimensión que le corresponde a cada uno». La organización subraya que El Salvador debe asumir la responsabilidad por el control material ejercido sobre las víctimas, asegurar la reparación de los daños causados y prevenir futuras dinámicas de desaparición forzada, conforme a los estándares internacionales.

Dignidad humana por encima de las fronteras

Cristosal insiste en que, según los estándares internacionales de derechos humanos, ninguna persona puede quedar desprotegida. La protección de la dignidad humana debe prevalecer sobre cualquier obstáculo internacional. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas reconoce que la «mera presencia en el territorio de un Estado, de una persona cuya desaparición forzada se presume, genera obligaciones directas sobre dicho Estado».

Cristosal hizo seguimiento a al menos 152 de los venezolanos presos en el CECOT, de los cuales, el 90% no tenía antecedentes penales según sus indagaciones. La asociación documentó privación de libertad arbitraria, sin acceso a abogados ni atención médica, y sin informar a las familias.

Un «intercambio de rehenes» y la opacidad del acuerdo

Los 252 venezolanos que El Salvador tenía en custodia fueron finalmente canjeados el pasado viernes 18 de julio por 10 ciudadanos estadounidenses y más de 80 presos políticos venezolanos que el régimen de Nicolás Maduro mantenía en su poder.

Cristosal concluye que este mecanismo de retorno «se acerca más a un intercambio de rehenes ejecutado por fuera de todo control del derecho internacional humanitario». Esto implica que los Estados involucrados habrían reconocido tener prisioneros retenidos de forma ilegítima, en contra de normas internacionales de derechos humanos. «Dos poderes políticos decidiendo impunemente sobre la vida de cientos de personas sin responder a criterios democráticos o legales, utilizando prisioneros como moneda de cambio en un juego político», sentencia el análisis de Cristosal.

La asociación también cuestiona el hermetismo del acuerdo suscrito entre ambos países para trasladar a los venezolanos a El Salvador. Cristosal solicitó información a la dirección general de Centros Penales salvadoreños, pero fue declarada bajo reserva, mientras que la Presidencia de la República se declaró incompetente para otorgar ese tipo de información.

«Merece la pena reflexionar si un acuerdo celebrado entre dos Estados puede mantenerse en secreto aun cuando ha significado costos devastadores para la vida de tantas personas», cuestiona el análisis. Este cita el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen el derecho al acceso a la información pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que «la decisión de calificar como secreta la información y de negar su entrega jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión de dicho ilícito».

Reacciones y el origen de los detenidos

El pasado lunes 21 de julio, Venezuela anunció la apertura de una investigación contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele y su gobierno por torturas y violaciones a derechos humanos.

Los 252 venezolanos llegaron a El Salvador la madrugada del 16 de marzo bajo un fuerte dispositivo de seguridad que los trasladó del aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez hacia el CECOT. En ese momento, tanto el gobierno salvadoreño como el estadounidense los señalaron como presuntos miembros del «Tren de Aragua», una peligrosa banda criminal venezolana. Sin embargo, familiares de los detenidos, que los reconocieron en videos publicados, manifestaron que en su mayoría se trataba de migrantes que habían sido arrestados en Estados Unidos durante las redadas ordenadas por Trump.