La escalada de violencia se originó tras una serie de motines en diversos centros penales, destacando los disturbios en la cárcel de máxima seguridad ‘Renovación I’ en Escuintla. Según informes oficiales, estas acciones terroristas son una represalia directa por el aislamiento de cabecillas criminales trasladados en julio de 2025.

Durante los operativos para retomar el control, las fuerzas de seguridad lograron liberar a rehenes del Sistema Penitenciario y neutralizaron a Aldo Ochoa, líder de la facción Barrio 18, quien exigía privilegios y traslados mediante el uso de la fuerza.

El Estado de Sitio faculta al Ejecutivo para realizar detenciones sin orden judicial y restringir temporalmente el derecho de reunión y manifestación. El ministro de Gobernación, Marco Villeda, enfatizó que el Estado no cederá ante el chantaje delictivo, informando además la captura de siete pandilleros tras enfrentamientos en zonas críticas de la capital.

El presidente Arévalo vinculó estos ataques con sectores beneficiados por la corrupción que buscan desestabilizar al país previo a la renovación de instituciones clave como la Fiscalía General y la Corte de Constitucionalidad prevista para 2026.

Pese a las restricciones legales, el mandatario aseguró que la vida cotidiana y la movilidad de la población no se verán alteradas, exceptuando la jornada educativa nacional. El Ministerio de Educación (Mineduc) mantendrá canales oficiales abiertos para informar sobre la reanudación de actividades, supeditada a las recomendaciones de los expertos en seguridad.

El Gobierno ha reiterado su postura de «tolerancia cero» frente al terrorismo urbano, desplegando un esfuerzo conjunto entre la PNC y el Ejército para patrullar las áreas metropolitanas y perímetros carcelarios de alta peligrosidad.