El exministro de Gobierno Eduardo del Castillo fue aprehendido la madrugada de este martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, Santa Cruz, bajo cargos de obstrucción a la función policial mientras intentaba salir del país con destino a Chile.

La detención se produjo tras un operativo desplegado en la plataforma de embarque, donde la exautoridad se habría resistido al procedimiento, siendo posteriormente trasladado a las dependencias de la FELCC en el municipio de Warnes.

Este suceso marca el declive de una de las figuras más influyentes del gobierno de Luis Arce (2020-2025), cuya gestión estuvo marcada por el control de la seguridad interna y procesos judiciales de alto perfil, pero que recientemente sufrió un revés electoral al obtener solo el 3.17 % de los votos en los comicios generales.

La intervención policial se ejecutó luego de que Del Castillo cumpliera una escala de tres horas proveniente de La Paz. Según reportes oficiales y testimonios, el exministro fue interceptado junto a su cuñado, Abad A.L., en el bus de transferencia hacia la aeronave.

Durante la aprehensión, Del Castillo habría utilizado a una menor de edad para dificultar la labor de los efectivos, lo que motivó la presencia de la Defensoría de la Niñez y de unidades especiales como la FELCV y la FELCN. Mientras la aeronave partía sin el exministro, el traslado hacia las celdas policiales se realizó bajo un clima de tensión por la presencia de ciudadanos en las inmediaciones del terminal aéreo.

Eduardo del Castillo, abogado y militante del Movimiento al Socialismo (MAS), consolidó su poder político como titular de la cartera de Gobierno, desde donde dirigió operativos emblemáticos contra figuras de la oposición como Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho. Su rol fue fundamental en la estructura del Ejecutivo para mantener el orden interno y la lealtad partidaria tras la crisis de 2019.

No obstante, su figura ha sido objeto de constantes críticas por la presunta judicialización de la política boliviana. El reciente resultado en las elecciones del 17 de agosto evidenció un escaso respaldo ciudadano, situándolo en una posición de vulnerabilidad política previa a su detención.