A través de la Fiscalía, el gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, dio a conocer su última jugada contra el exponente más pernicioso del crimen organizado en el país: la banda trasnacional Mara Salvatrucha o MS-13. La justicia salvadoreña condenó a 248 miembros a penas de hasta 1,355 años de prisión. Los numerosos cargos implican crímenes como homicidios y feminicidios agravados, desapariciones, extorsión y tráfico ilícito. Los delitos se cometieron entre 2014 y 2022, año en el que Bukele instauró el régimen de excepción contra las pandillas.

Durante la investigación se corroboró que los imputados pertenecen a diferentes clicas (subgrupos) de la Mara Salvatrucha, por ejemplo, los Teclas Locos Salvatruchas (TLC), los Ayagualos Locos Salvatruchos y Areneras Locos Salvatruchos, City Vagos Locos Salvatruchos, que operaban en la provincia de La Libertad.

La Fiscalía detalló que los delincuentes «crearon bases en diferentes sectores» que «eran utilizadas para planificar todos los actos delictivos en esa jurisdicción». Añadió que las víctimas “tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas».

Esta medida se suma a una política que propició el arresto de más de 90,000 personas. Si bien redujo los homicidios drásticamente en la nación centroamericana, no ha estado exenta de cuestionamientos. Dado que el régimen de excepción admite arrestos sin orden judicial, alrededor de 8,000 personas inocentes fueron liberadas.