La Comisión de Constitución y Justicia del Senado de Brasil ratificó un proyecto de ley que flexibiliza las sanciones para los implicados en las acciones contra el orden democrático ocurridas tras los comicios de 2022, beneficiando potencialmente al ex-presidente Jair Bolsonaro.

La propuesta, que recibió 48 votos a favor y 25 en contra tras su paso por la Cámara de Diputados, establece una reducción sustancial de las penas de prisión efectiva para quienes no hayan sido identificados como cabecillas o financistas, permitiendo el acceso temprano a regímenes de semi-libertad bajo condiciones menos rigurosas que las actuales.

Modificaciones técnicas y beneficios carcelarios

La normativa aprobada introduce cambios estructurales en la ejecución de las sentencias, permitiendo que los condenados por delitos en contextos de multitud reduzcan su condena entre un tercio y dos tercios.

Asimismo, se ajusta el requisito para acceder al régimen semiabierto, disminuyendo el tiempo de permanencia obligatoria en prisión del 25% al 16% de la pena total. Un aspecto relevante del proyecto es el criterio de no acumulación de penas en casos de condenas simultáneas por intento de golpe y abolición del Estado, donde prevalecería únicamente la sanción más severa.

Impacto en la situación jurídica de Jair Bolsonaro

Bajo este nuevo marco legal, la situación del ex-presidente Jair Bolsonaro, actualmente condenado a 27 años y tres meses de prisión por coordinar ataques al orden constitucional, experimentaría un cambio drástico.

La extinción de la condena por el cargo de abolición del Estado democrático reduciría su sentencia a poco más de dos años, facilitando su salida de prisión en un plazo mucho menor al previsto originalmente para el año 2033. Con estas modificaciones, el ex-mandatario podría acceder a beneficios de reclusión domiciliaria o nocturna en un periodo aproximado de dos a tres años.

Mientras que sectores jurídicos y progresistas califican la medida como una amnistía encubierta y un retroceso en la defensa de la democracia, los impulsores de la ley la consideran un ajuste necesario.

El texto incluye una enmienda de redacción que limita los beneficios exclusivamente a los hechos relacionados con el periodo poselectoral de 2022, evitando que la norma afecte sentencias de la Corte Suprema sobre otros delitos graves. Tras esta votación, el proyecto continuará su trámite legislativo en la Cámara Alta para su discusión final.