Considerando que se registró un aumento en la incidencia de cáncer de mama este año, resulta alarmante la situación que hoy maneja la Fiscalía Superior de Andalucía. La entidad dirige una investigación a la gestión de los programas de detección de este cáncer que ofrece el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras denuncias de fallos en el cribado, proceso asistencial para el diagnóstico de la enfermedad en su etapa temprana.

La Asociación Defensor del Paciente denunció al SAS por una supuesta “dejación de funciones” que habría provocado un retraso en la detección de cáncer de mama a nivel masivo. Asimismo, la coalición electoral Por Andalucía recogió una denuncia a Jesús Aguirre; Catalina García y Rocío Hernández, consejeros de salud del gobierno de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Se les imputa por “posibles delitos de homicidio imprudente, lesiones por omisión y omisión del deber de prestar servicios sanitarios”.

Este tema motivó un enfrentamiento en el Parlamento andaluz, entre Moreno e Inmaculada Nieto, diputada de Por Andalucía. Nieto mostró dos mamografías de una paciente, cuyas alteraciones probarían una deficiencia en el sistema informático del servicio de salud. Moreno la acusó de «poner en duda la profesionalidad de los sanitarios». El partido Adelante Andalucía se sumó a los reclamos, recabando casos particulares de afectados por estos fallos, que incluyen la desaparición de historiales médicos.

En una reciente edición, El País entrevistó a las andaluces Sonia Jiménez, Inés González y Silvia Ferrer, quienes denuncian el fallecimiento de mujeres de su familia a causa de un diagnóstico tardío.